En la emblemática Plaza de Cagancha, cientos de ciudadanos se congregaron para expresar su preocupación y exigir respuestas sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y la presunta trama para ocultar datos a la Justicia. La convocatoria fue realizada por el Pit-Cnt, junto a diversas organizaciones sociales y con la adhesión del Frente Amplio (FA), bajo la consigna de “defensa de la democracia y contra la corrupción”.
Durante el acto, que contó con la presencia destacada de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, la senadora Silvia Nane y el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila, se hizo un llamado directo al presidente Luis Lacalle Pou para que dé explicaciones sobre la entrega del pasaporte a Marset y la presunta manipulación de información ante el Parlamento y la Justicia.
El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, enfatizó la necesidad de asumir responsabilidades y destacó la falta de claridad en las respuestas ofrecidas hasta el momento. “No puede pasar que se diga esto se termina acá y se da vuelta la página”, afirmó Abdala, instando a una investigación independiente por parte de la justicia.
La movilización, que se extendió por las calles de Montevideo sobre la avenida 18 de Julio, tuvo como objetivo obtener respuestas del gobierno hacia la ciudadanía, que según Elbia Pereira, secretaria general del Pit-Cnt, considera que no han sido suficientes hasta el momento.
El caso Marset ha generado preocupación por la aparente aceleración del trámite del pasaporte, el conocimiento previo de las autoridades sobre la identidad del narcotraficante y las supuestas acciones para evitar que el Poder Judicial acceda a información relevante. “Es muy difícil sostener que el presidente no tenga nada que ver con estas cuestiones”, declaró Marcelo Abdala.
La marcha contó con la participación de diversas organizaciones, incluyendo FUCVAM, FEUU, ONAJPU, la Intersocial y la Federación de Cooperativas de Producción, así como la adhesión del Frente Amplio. Para estas entidades, la conferencia de prensa ofrecida por el gobierno no ha sido suficiente, y exigen que las investigaciones continúen hasta llegar a las últimas consecuencias, independientemente de la jerarquía de los implicados.
La preocupación por la legitimidad de la democracia fue subrayada por las organizaciones sociales, recordando las consecuencias de la resistencia a la dictadura. Se instó a que el Poder Judicial lleve las investigaciones a sus últimas consecuencias, asegurando que el pueblo llegue a conocer toda la verdad sobre este hecho grave que afecta la confianza en las instituciones democráticas del país.
Fotos: Pata Eizmendi
